El equipo de www.qvo.es ofrece su más sentido pésame por las víctimas del COVID-19 a las familias, por eso muestra desde el inicio de esta terrible Pandemia un lazo negro en todos sus post.


España es una gran empresa que ha ido estancándose desde hace décadas y no sigue el ritmo de las demás potencias mundiales. No hace falta dar un repaso histórico pues es sabido por todos, pero económicamente hemos caído a la posición 14ª (siendo generoso con la estimación, pues en el G20 nos «invitan» o no), porque en algunos campos, como el energético, fuimos la primera potencia en la Solar, y ahora nos encontramos en 8ª posición por kw producido, y bajando puestos. Creo que no necesito probar de ningún modo lo obvio: estamos siendo dirigidos por unos políticos que son totalmente neglientes desde hace décadas y, como contribuyentes, nos deben una explicación y que asuman su responsabilidad. Nuestra confianza debe tener un límite, antes de que esta clase social, los políticos, controlen por completo España y nuestras vidas. Por eso propongo algo que se efectúa cuando una empresa pierde dividendos. Es una «intervención» (que suele hacer el Estado mismo cuando una empresa suspende pagos). Antes de la quiebra total del Estado, propongo una solución que devuelva el protagonismo a los que deben tenerlo, es decir, a los españoles, a los que pagamos tributos.


Cualquier denuncia que se eleve a la Policía y que requiera de una investigación técnica por parte de las consejerías contra empresas ilegales en España de cualquier sector, siguen una praxis de lo más extraña, ya que dicha investigación es en realidad corroborar la investigación previa que haya efectuado el denunciante. El policía no investiga, más bien interroga y toma nota contra la empresa o individuo denunciado. El funcionario de Justicia o Inspector pertinente a la denuncia, tampoco investiga, sino simplemente reúne las pruebas y sanciona, así que tenemos que la Policía no investiga realmente, el funcionario de Justicia tampoco investiga, y el Inspector (si es que realmente alguno aparece físicamente), tampoco investiga, ya que lo único que hacen es valorar las pruebas facilitadas por el denunciante y sancionar, siempre a la distancia de su despacho, si considera oportuno hacerlo. En muchos casos, un denunciante debe acudir a las Tribunales de Justicia para que se atienda su caso por los funcionarios de turno.


Con un ejército de Funcionarios del Estado que siguen la misma praxis en todo procedimiento y que no quieren trabajar (causa principal de los apilamientos de expedientes en los juzgados, por ejemplo), se mueve un aparato que debe administrar a toda una potencia económica de nivel mundial, como es España, que sólo en el sector del Turismo, mueve miles de millones de euros al año. Pero lo más triste es que el español “legal” soporta una carga fiscal probablemente la más alta del mundo, cuando los trabajadores pagan más de la mitad de sus ingresos al Aparato Administrativo y las empresas que no gozan de los privilegios de las grandes corporaciones y marcas, sufren una verdadera sangría en forma de tasas e impuestos (sufren una competencia desleal).

Los distintos gobiernos que se han sucedido en las cuatro últimas décadas han contratado un ejército de funcionarios, oficialmente en torno a los 3,2 millones de trabajadores, pero que seguro supera los 4 millones, de los cuáles nadie tiene una idea exacta del trabajo que desempeñan. De vez en cuando, cuando ocurre una tragedia, aparecen en los medios bomberos, policías, e incluso algún consejero autonómico o concejal municipal, que nos habla del trabajo que se está realizando y que están “desbordados”. Olvidemos por un momento el caso extraordinario de la Pandemia por COVID-19, y olvidemos a los sanitarios en estos últimos dos años por este tema, ¿Qué hacen estos 4 millones de trabajadores fijos del Estado Español durante los 365 días del año y que yo como contribuyente tengo la obligación de “supervisar”? Pues si hay algo que no debemos olvidar, es que son trabajadores a nuestro servicio, al servicio del público.

Quizás el término “supervisar” no resulta exacto, pero a un empleado nuestro público no debería supervisarlo ni inspeccionarlo un compañero también funcionario, por sentido común. Es lo que ocurre con nuestro sistema, de forma que ninguna reclamación e inspección contra un funcionario llegará a término satisfactorio por el denunciante. Pasa lo mismo que en el tema Consumo, pues los que pagamos por un producto defectuoso o fraudulento (caso de Telefonías, Alimentación, etc) nunca somos compensados de forma particular, ya que una sanción termina engrosando las arcas públicas y nunca al afectado.


Los protocolos burocráticos (costes por todo) no son otra cosa que entorpecer al público y favorecer la mala praxis de los funcionarios, a los que se les da tiempo sobrado para “limpiar” el rastro y preparar las defensas de los denunciados, incluso algunos a tantear posibles sobornos. Las cárceles están llenas de personas que delinquen por trapichear con unos gramos de droga, pero verán que funcionarios con delitos de gravedad y malversación de fondos campan a sus anchas por las calles.

En la práctica (algunos opinan que sólo en «teoría») podemos elegir a una élite de funcionarios para que nos dirijan. Esa es la manera que tenemos de “premiar” o “castigar” su trabajo. Esa élite dirigente, la clase política, puede rondar perfectamente el medio millón de funcionarios en España. Estos individuos, que trabajan duro quizás un 20 % de los 365 días del año, no son sancionados por sus malas decisiones, no son sancionados por no cumplir lo prometido en sus programas electorales, y si son “investigados” por alguien, lo serán por otros funcionarios del Estado, incluido el Defensor del Pueblo, que es otro Funcionario del Estado. De modo que a los contribuyentes y a un país habitado por casi 48 millones de habitantes, nos dirige y exprime el 10 % de la población, un 10 % que cobra hasta diez veces el salario mínimo impuesto por ellos, con una renta de por vida al terminar su periodo de vida laboral (que puede ser de 4 años, e incluso menor, en el caso de altos cargos políticos), y con una cantidad de privilegios (como ejemplo el aforamiento) que necesitaría de varias páginas para contarlos.

Podría seguir con una lista de injusticias derivadas de un sistema que está manejado por el funcionariado en España, culpable en las últimas cuatro décadas de una dictadura de dos únicos partidos políticos, ya que estos funcionarios son mayormente partidarios de uno u otro partido (ellos los contrataron). Gran parte de los Presupuestos Generales del Estado no es más que sus sueldos, para funcionarios estatales, autonómicos, provinciales y municipales. Y el problema que nos cuentan en los medios para “cuadrar” dichos presupuestos, no es más que por el reparto de nuestro dinero.

Un ejemplo sencillo: si todos los españoles pensamos que una rebaja de 10 puntos al IVA sería positivo para incentivar la economía, y hasta los catedráticos de Económicas y demás expertos están de acuerdo ¿Quiénes son estos políticos que no aplican tales medidas? ¿Quién dirige a los gobernantes? Si para conseguir aplicarlas se requiere de un recorte drástico en los emolumentos de los políticos, necesitamos de una figura igual o superior que «obligue» a dicho recorte. No existe otra figura superior que no sea el contribuyente, pues teóricamente los políticos están a nuestro servicio y no al revés.

Lo que propongo ya se lleva a cabo en el campo de la Justicia. Del mismo modo que existe un Jurado Popular, de personas ajenas al mundo de la Justicia, un jurado aleatorio, debería existir una figura ajena al Funcionario que “inspeccione” y vigile, pero que también proponga y apruebe los sueldos que perciban los funcionarios, así como sancionar con el mismo baremo a un Funcionario como a otro trabajador corriente. Este organismo trabajaría en paralelo al Legislativo y ostentaría el mismo poder. Si el Senado fuese independiente, con un mecanismo modificado y no fuese una figura simbólica, como es ahora, nos podría servir perfectamente.

En mi opinión, sería un buen comienzo para abolir por fin las clases y los privilegios. Esta “junta reguladora”, sería aleatoria y sin ánimo de lucro, con personas debidamente probadas por su honradez en la Comunidad, tal como sigue nuestro más antiguo sistema jurídico en España, como es el Tribunal de les Aigües, que sigue impartiendo justicia en Valencia. Estas personas pertenecientes al gran grupo de contribuyentes regularían y limitarían las competencias de unos políticos ya desbandados y que no obran con sentido común en ninguna área, no resuelven los problemas del ciudadano sino que crean nuevos, al menos a nivel Nacional. Este nuevo equilibrio me parece que es necesario para revitalizar la economía, abocada al desastre tras dos años duros de Pandemia y por las malas decisiones políticas. Por supuesto, para que tenga sentido, la dicha “Junta de Contribuyentes”, donde tiene cabida cualquier español mayor de edad y capacitado mentalmente (es obvio que un estado vegetativo u otras circunstancias omitivas, por ejemplo, resulta inaceptable para la comunicación), debe ostentar competencias iguales o superiores a la clase política, es decir, debe tener “poder de Gobierno y de Justicia”.

Existe un precedente parecido con la Revolución Francesa y que en el trabajo del Vizconde de Chateaubriand se analiza con su «Ensayo sobre las Revoluciones», en una minuciosa comparativa con las democracias del Periodo Clásico Griego. Pero lo aplicado en dicha Revolución, la «Asamblea», no fue más que la destitución de la clase dirigente de entonces por una nueva clase surgida de la burguesía: los políticos. Este precedente nos puede servir para no cometer los mismos errores, ya que cambiar una clase por otra no produce ni sirve de utilidad para el Pueblo. Este precedente es el que nos rige y, en vez de conseguir el lema francés de «Liberté, Égalité, Fraternité», hemos llegado al punto de sufrir el expolio de esta clase política, una vuelta al principio medieval, cuando la pobreza extrema se expande con rapidez, y 400 jets privados trasladan a los políticos del G20 y COP 26 hasta sus lujosas habitaciones de hoteles de cinco estrellas de Italia y Reino Unido.

Con la “Junta de Contribuyentes” se recuperaría el poder de opinión que los medios de comunicación y prensa han perdido, pues sería como “prescindir del intermediario”, para gobernar de nuevo con tres poderes, ya que hemos comprobado que el poder Político ha arruinado y sigue arruinando al país, y lleva camino también de anular al Poder Judicial. Pero claro, primero ocurriría lo esperado: una oposición firme de la clase política, así que la iniciativa debe superar las barreras protocolarias que sean pertinentes. Una consulta Constitucional sería pertinente, para luego elevarla a unas Elecciones Generales, pues no debemos caer en la dictadura que los políticos siguen, la de no consultar al Pueblo ninguna decisión importante. Desde 1982, los distintos gobiernos han actuado a base de Decretos Leyes, contradiciendo los propios preceptos por los que fueron elegidos, y nunca han consultado al Ciudadano. A eso, en mi pueblo, se le llama Dictadura.
César Metonio.

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