Desde que en el mes de enero del presente 2018 se aplicase una subida en las pensiones del 0,25 %, se han sucedido las movilizaciones de protesta en todas las provincias españolas. Nuestros mayores piden cuentas al Gobierno de Rajoy justificadamente, ya que solamente los recibos de luz se han visto incrementados de nuevo muy por encima de dicho porcentaje, estableciendo en febrero una subida del IPC del 1,1 %, de modo que el aumento de las pensiones resulta insuficiente para afrontar un nivel de vida básico.

Los pensionistas en España superan los 9 millones, una masa decisiva para que un partido político gobierne. Desde que entró la Democracia en vigor, los sucesivos Gobiernos que se han alternado en el poder, han procurado aplicar anualmente aumentos en las pensiones, más o menos generosos dependiendo del estado de las arcas. Han procurado “contentar” a los pensionistas, pero está visto que el presente gobierno ya no tiene de dónde sacar dinero.

Pero como ya vaticinaron distintos periódicos de habla anglosajona y de tirada internacional, el Gobierno de Rajoy ha usado los fondos para las pensiones para tapar distintos agujeros, fondo que antes de la anterior legislatura ascendía a 70.000 millones de euros. Curiosamente coincide esta cifra con la deuda perdonada a los bancos, millón arriba o abajo. La cuestión es que si el Estado no está en quiebra (algo inaudito por el sistema que sigue), poco le falta.

Nuestros mayores no se cortan a la hora de encontrar culpables al ya largo periplo de calamidades que nuestro sistema económico y financiero sufre. Y tienen toda la razón. Cada vez que miro los programas socio-políticos de la Sexta, la Cuatro, Antena 3, etc., hay un anciano o pensionista indignado y pidiendo cuentas a Rajoy y a Montoro directamente. Incluso se manifestaron el martes pasado masivamente a las puertas del Congreso. Sufrir la bajada del poder adquisitivo de todos, absolutamente de todos, ricos y pobres, pero contemplar que los políticos, en cambio, se suben los salarios y dietas cada año religiosamente, plantea una realidad distinta a la que se proyecta desde los micrófonos de los portavoces del Gobierno. Y la realidad no es otra que les importa España a los políticos una “mierda” (palabras de los pensionistas en sus manifestaciones de protesta), y que lo que les interesa es encontrar liquidez para cobrar sus cuantiosas y engrosadas nóminas del Estado.

Hace más de una década que los españoles de a pie necesitamos la ayuda económica y física de nuestros mayores, son un sostén fundamental para la familia. Rajoy se ha equivocado de nuevo, a pesar de que es consciente de esta realidad, y ha vulnerado una “masa crítica” que son las pensiones de todos, y que le costará caro en el futuro reciente. Esta medida da cuenta de la desesperación que tienen todos los políticos por seguir sangrando a España, que ya no tienen prácticamente dónde meter la mano para engrosar sus nóminas que les reportan al año cifras que se acercan a los 100.000 euros, con algunos altos cargos superando incluso dicha cantidad, cuando miles de españoles con Carrera terminada, engrosan las filas del Paro o cobran nóminas ridículas por horas. Esto falla, y no lo va a arreglar ningún nuevo partido que suba al poder, por que lo que falla es todo el Sistema, desde la base hasta la cúspide. Quizás deberíamos reunir a los ancianos en un Consejo, para solucionar esta papeleta que nos ha tocado vivir. Un último apunte: no es lo mismo una subida del 0,25 % sobre una pensión de 400 euros, que una sobre 1.100. El Sistema siempre favorece a los mismos.

También me gustaría aclarar un aspecto que hasta el exministro García Margallo parece desconocer, según sus declaraciones en la Cuatro del pasado miércoles. Por eso le recuerdo: que las pensiones y su subida conforme la Ley y la Constitución, deben ser equivalentes a la subida del IPC pues ya las pagamos día a día cotizando y pagando impuestos en nuestra vida laboral. Otra cosa es que la Administración se haya gastado dicho dinero, algo muy habitual en nuestro suelo patrio, pero es un Derecho para el pensionista, y un deber del Estado hacer frente a los pagos de unas pensiones dignas. Que no vengan ahora los “Margallos” a tomarnos el pelo otra vez, pues dice que la Constitución, en ese aspecto, sólo es “orientativa”. Por favor.

César Metonio

 

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