El equipo de www.qvo.es ofrece su más sentido pésame por las víctimas del COVID-19 a las familias, por eso muestra desde el inicio de esta terrible Pandemia un lazo negro en todos sus post.

Si leemos un poco de Historia de España, de cómo funcionaba el Aparato del Estado y sus instituciones desde finales del siglo XVIII, observaremos que sus mecanismos de actuación no han cambiado: un ejército de burócratas (funcionarios) pagados con los impuestos de todos los españoles, que administran y “vigilan” (sancionan) el día a día de la población en todos los aspectos. El número de dichos funcionarios siempre ha ido en aumento, como así ha seguido el número creciente demográfico. Hasta el siglo XX se nos habla de “pobres funcionarios”, porque sus salarios eran casi simbólicos, y dependían de la situación en que se encontraran las arcas del Estado para cobrar sus nóminas.

Esa era la norma general llena de excepciones positivas y negativas, así que no era nada raro que los funcionarios provinieran de la clase media/alta, de estas familias donde heredaba el primogénito y no se sabía dónde colocar al tercer o cuarto hijo. A finales del siglo XIX dichos burócratas ya suponían un numeroso contingente y carga, llegando la población española a sumar 18.600.000 habitantes en el año 1900, casi cuatro millones más a la de medio siglo antes, con el subsiguiente aumento del funcionariado (inferior a las necesidades).

De la adjudicación comprada o elegida “a dedo” tradicional de los puestos vacantes, se impuso al fin la oposición a las plazas requeridas, aunque todavía subsiste la forma tradicional en todas sus variantes. En dicho año de 1900, la población activa se estima que llegó a los 7.438.000 (el 66,3 % de los trabajadores se dedicaban a la Agricultura y Pesca). El porcentaje de gastos del Estado en relación al PIB en sus diferentes administraciones públicas era del 7,3 % (El 36 % de los gastos del Estado se dirigieron a pagar las nóminas de los funcionarios). Un siglo después, en el año 2000, el Estado gastaba el 39,4 % (el 10 % para nóminas), cuando en 1970 se dedicaba la mitad de dicho porcentaje para el sustento de todas sus administraciones. Nuestros vecinos europeos han dedicado más dinero a dichos gastos de sus administraciones públicas a lo largo de la Historia y solamente en este siglo nos acercamos a las demás cifras europeas. Dicha subida del gasto público se aplicó a partir de 1970 con el llamado “Estado de bienestar”.

En el año 1900 se calcula que el Estado tenía en nómina unos 110.000 Funcionarios Públicos. Hay que reconocer que para una población que superaba los 18.5 millones de habitantes era una proporción quizás insuficiente. Podemos imaginar o no lo que tardarían en atender cualquier solicitud o papeleo, cuestión que nuestro filósofo Ortega y Gasset describió y tanto odiaba. Desde luego son cifras aproximadas, pero en 1940 el número de funcionarios estaba entorno a los 700.000, recién terminada la Guerra Civil, entiéndase mucho militar en nómina, para ir rebajando el número drásticamente tan sólo 5 años después para unos 400.000, índice similar al de los años 20s e inferior a los que había en 1934. Hasta los años 80s no se superaría dicha cifra de 1940. Según el gráfico consultado en el trabajo estadístico de Albert Carreras y Xavier Tabunell, nunca se superó el millón de funcionarios hasta el año 2000 incluido. Desde 1983 el Estado ha contratado a una mayoría de mujeres, siendo más del doble las contrataciones que de hombres. En 2014 se batió el récord de Funcionarios del Estado con 3,3 millones de contratados. Hay que tener en cuenta que 115 empresas nacionales se han privatizado. Solamente una de ellas, Telefónica, daba trabajo a casi 2 millones de trabajadores (funcionarios de hecho), de modo que los 3 millones de funcionarios actuales desempeñan labores “improductivas” y no autofinanciadas, como lo eran todas esas empresas ahora privatizadas y punteras en sus sectores a nivel mundial. Por eso su incapacidad de crear empleo. El Estado ha intentado “regular” el número de contratados, pero ningún gobierno ni iniciativa ha conseguido saber con exactitud cuántos funcionarios se tienen en nómina. De modo que reitero lo dicho antes: son cifras aproximadas. Por ejemplo, en el gráfico consultado se omiten muchos empleados del Estado dependientes en segundo y tercer plano (interinos, por horas, asesores, etc.) de administraciones locales, provinciales y autonómicas.

En el aspecto social de relación funcionario-usuario, tenemos el ejemplo significativo que nos cuenta Ortega y Gasset, filósofo considerado “germanófilo” por sus continuados contactos con la Escuela Alemana, pero que tuvo muchos episodios de censura por todos los colores políticos que ascendieron al Poder en diferentes épocas, por ejemplo durante el Franquismo, pues sus artículos, aunque fuesen los de principio de siglo, se consideraban demasiado “íntimos” y retrataban a la sociedad española con demasiado rigor y autocrítica. Pepe, en su “España Invertebrada”, un compendio de artículos escritos entre 1915 y 1921, describe perfectamente “la ineficacia del funcionario, aborreciendo los aires de grandeza por su frío trato y falta de respeto, cuando en realidad no son más que “servidores del Pueblo”, al fin los que pagamos sus nóminas”. Escritas hace más de un siglo, las palabras de Pepe Ortega y Gasset son de lo más actuales.

Si alguien mira de forma objetiva lo que está ocurriendo ahora mismo en España, en plena alarma por segunda vez de COVID-19, donde se obliga a la asistencia escolar, a través del transporte público, que en sus horas punta se abarrota de personas, sin medidas de distancia recomendadas, pero contradictoriamente no se atiende en persona en las Instituciones del Estado ni en centros médicos, que se declara el estado de alarma en poblaciones como Madrid, pero no se cierran aeropuertos ni carreteras, pensará y acertadamente que el Estado Español es un caos y un sin sentido, es el mundo al revés, donde no se mira la economía española, esa que camina a pie y a diario, la de los autónomos, la de los bares y cafeterías, tiendas de barrio, músicos y artistas en general, transportistas, etc., abandonados a su suerte, la que supone casi el 80 % de la población activa, que deberán de pagar los materiales, alquileres, impuestos, sin ayudas, para que los improductivos burócratas sigan cobrando sus desorbitadas nóminas.

El Estado está “cuidando” de sus trabajadores directos: políticos y funcionarios, que son el 15 % de dicha población activa y que, curiosamente, cobran más que todo el resto de la población activa en sueldos que provienen de los Impuestos. Muerden la mano que les da de comer ¿no es absurdo? Han recibido la ayuda de Europa, unos 140.000 millones, y ahora son felices, no les importa abandonar a sus congéneres, porque saben que tienen “dinero asegurado” y más de tres millones de funcionarios (hay que contar a empleados indirectos y asesores), de los que casi 400.000 son políticos, es decir, todos los que les votarán de nuevo en las elecciones, así que no les importa abusar. La Ley Electoral facilitará que los votos en unos lugares de España tengan mayor valor que en otros lugares, no hay problema.

El Estado ni crea empleo ni quiere problemas. Todo lo delega y su única función es recaudar. Si eso es lo que significa para los demócratas vivir felices, en un “estado de bienestar, de Justicia y Libertad”, yo no quiero vivir así, yo deseo que España cambie y que se prescinda de lo innecesario e inútil, que revisemos las nóminas de todos los Funcionarios del Estado y que se emplee a verdaderos expertos en cada materia, y no a los que compraron sus masters. Lo primero que se realizó terminada la Dictadura de Franco fue “despedir” a la gran mayoría de oficiales del Ejército. Con Felipe González se despidieron a los últimos,  a cerca de 4.000 oficiales de alto rango y suboficiales. Fue una medida aplaudida y que ahorró a las arcas del estado muchas nóminas. Yo pido que se realice lo mismo con la clase política: que se realice un despido grandioso y que cobren nómina solamente los imprescindibles para una correcta gobernabilidad. Cuando los suizos quedaron sin gobierno durante 1 año, en la misma época cuando nosotros tampoco teníamos uno claro (hace casi un par de años), se efectuó una encuesta callejera por sus ciudades y todos convenimos en lo mismo, españoles y suizos: “sin Gobierno estamos mejor”. Y los números no mienten, tanto en un país como en el otro, durante ese casi año sin gobierno mejoró la economía sustancialmente y bajaron los índices de delincuencia de manera radical. No se contaron apenas manifestaciones (ni siquiera en Cataluña), demostrándose que son los políticos quienes “revolican el corral”.

Estos de ahora piden la eliminación de la monarquía. Me parece muy bien, pero con dicha monarquía yo pido que se marchen también los que no representen a la España que se votó en 1978. Y no es una cuestión caprichosa, sino de sentido común. ¿República somos? No. Pues adiós a los republicanos. ¿Catalanes o vascos somos todos? No. Entonces ¿para qué tantos desdoblamientos parlamentarios ni para qué tenemos que alimentar por triplicado o cuadruplicado a políticos que se cruzan en intereses particulares? Debemos establecer de manera clara las competencias y saber quién es el responsable de cada accidente que ocurra en nuestro suelo, y si se comete un error grave, que se sepa quién es el verdadero culpable, y para eso debemos realizar un despido masivo y sin contemplaciones en la clase política, para evitar que tantos puedan alegar que “fue otro, el que gobernó ayer” y, de paso, impedir que echen mano a la caja y se pueda detectar pronto la herida y parar al ladrón. El pueblo y la Ley debe controlar a sus gobernantes y no al contrario, que es el punto al que hemos llegado. Estamos muy cerca de repetir lo del 36, cuando en dos años pasamos de una posible dictadura comunista a una dictadura fascista de hecho. El Pueblo debe adelantarse a lo que maquinan los políticos y el ejemplo lo vemos en este estado de alarma por COVID-19, donde la reacción del Estado está demostrando cuáles son sus intereses, con un Gobierno que se supone “populista” y de “bienestar”, que está traicionando a todos los españoles sin excepción (salvo a funcionarios y grandes empresas, que son el 20 % de la población). ¿Qué nos habría ocurrido con un gobierno de derechas, que se supone más cruento con las clases populares? No quiero ni pensarlo.

No existe en España sector que no esté manipulado para beneficio particular de unos pocos. Hasta los sindicatos operan como una mafia vendida al lucro particular, sin una función útil para la población (¿De qué sirven los Cursos de Formación si no hay Empleo?). Los usuarios son engañados y estafados a diario por las grandes multinacionales (Energéticas, Aguas, Telefonía, etc), imponiendo precios y subiéndolos descontrolados, sin la competencia de precios prometida cuando se privatizaron, y solamente el dinero es capaz de abrir puertas para la defensa de los derechos. La premisa: “pagar” es la única consigna para conseguir algo en este sistema que se basa en un Estado corrupto, pues su mala gestión impide cualquier ayuda al ciudadano que no se pague por anticipado. El aparente bienestar de la sociedad española se ha conseguido por la buena fe de las personas, no porque el Estado haya acometido ningún esfuerzo emprendedor y educativo (lo dejó en manos de otras instituciones paralelas); hasta que la situación política se torne insostenible, caso de la ciudad de Barcelona, que ha vuelto a retroceder un siglo, cuando los anarquistas sembraron de terror sus calles y resultaba inexistente la seguridad ciudadana. Desgraciadamente, la violencia se para con más violencia, una causa y efecto que siempre perseguirá a los seres humanos.

El Estado ha mantenido lo “anterior” que le ha interesado, prescindiendo paulatinamente de los servicios al ciudadano, vendiendo o subcontratando empresas que ahora sólo conocen el color del dinero y con una atención al cliente pésima. En este estado de alarma por COVID-19 incluso inexistente. Ni siquiera quieren ocuparse de esos impuestos que pagamos una y otra vez, provocando una sangría al ciudadano interminable, delegando en una siniestra administración, llamada SUMA, cuya labor parece dedicada expresamente a cobrar dos veces recibos aleatorios e interferir en cualquier trámite burocrático que pretenda el ciudadano. Estamos vendidos a este tipo de mafias, estamos indefensos. Ejemplos a millares por día: desde retiradas de vehículos indebidamente por la grúa, con una reclamación desatendida por Ayuntamiento y sus ramificaciones, hasta recibos pagados en su día que se reclaman otra vez bajo la amenaza de embargo. Incluso se inventan deudas que obligan a pagar como si fuéramos imbéciles. Una selva de trámites y papeleos que inciden sólo en el ciudadano, en el usuario, como si no fuese suficiente el pago de los impuestos que, en realidad, suponen más del 80 % de lo que se genera, pues el IVA se paga por todo. No existe la presunción de inocencia, te obligan a pagar y luego que reclames, con un doble coste: más gastos y tiempo perdido. Más de un siglo venimos soportando la misma praxis, aquí, en Alemania o donde vayas. Un verdadero estado de esclavitud.

El Estado es un monstruo que se autoalimenta. Los políticos se encargan de darle una u otra motivación al ciudadano, pero verán que ninguno baja los impuestos ni se preocupa lo más mínimo por el Empleo. Podemos pasar de un régimen político a otro antagónico, pero el nivel de vida sigue subiendo, así como los impuestos, los salarios bajan o se mantienen, en un estado de esclavitud superior al que sufrimos en la Edad Media, cuyas “medidas sancionadoras del interés por demora” que practica el Estado y cuyas grandes empresas aplican a imitación de la praxis de éste, serían calificadas por los católicos de entonces como “usura”, con penas que podían llegar hasta la muerte, alegación principal que terminó con la expulsión de los judíos y la entrada en la Edad Moderna. Pero está visto que el pasado sólo se recuerda para comparar “lo malo”, nadie dice que “deberíamos recuperar las cosas buenas del pasado y eliminar lo malo”, porque no interesa perder privilegios, no interesa la Igualdad ni las cosas bien hechas.

La situación de emergencia por el COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias del Estado, ha demostrado su total ineficacia para resolver los problemas. Ha dejado que el sistema sanitario y los servicios de emergencias, incluido el Ejército, se movilicen en un total desamparo y sin dirección, hacia donde la inercia profesional les mueve. Pero no ha sido solamente en España. Se ha visto que los demás países del Mundo no están preparados para situaciones críticas, por mucho que se empeñen los “influencers” en mostrarnos lo que ocurre en Suiza, Japón o Corea del Sur. Los Estados modernos son un total desastre de organización. En España ni siquiera han sido capaces los gobernantes de parar la especulación con las mascarillas, estableciendo un máximo desorbitado por unidad, cuando debió y debe ser, por gesto humanitario, a un precio simbólico. La rocambolesca adquisición de material sanitario por parte del Gobierno no es digna del siglo XXI, más bien nos recuerda a los tiempos de los corsarios en los mares del Caribe de hace cuatro siglos. Una vergüenza ajena. Desde el Gobierno se detuvieron iniciativas privadas para abastecernos rápidamente de mascarillas, se embargaron las remesas GRATUITAS de muchos empresarios que quisieron colaborar con la población, simplemente para darle el monopolio a las FARMACIAS y establecer un precio desorbitado para hacer negocio. Ni siquiera han bajado el IVA a un objeto obligado para el ciudadano, bajo amenaza de sanción. Reitero el comentario: una vergüenza.

Gobiernos pueden sucederse muchos y de distinto color político, pero Estado sólo hay uno. ¿Se puede prescindir del “aparato estatal”? No, pero si revisar y modificarse para su mejora si procede. La Constitución nos indica la clase de gobierno que tiene cabida en nuestro Estado, pero no profundiza en los engranajes ni en cómo debe actuar éste en el día a día de los españoles. Esas funciones se delegan completamente en los políticos, se les da el máximo poder y, la ausencia de Consultas con el Pueblo, nos ha llevado a una “Dictadura de los Representantes del Pueblo”. Una manera de “equilibrar” los poderes del Estado para que vuelva a manos del Pueblo, sería mediante una nueva Constitución, donde se limite dichos poderes a los políticos.

Desde 1977 los políticos “pueden prometer y prometen” (frase famosa del expresidente Suárez), algo que los sucesivos al cargo repitieron sin cumplir nada de lo prometido o casi nada de sus programas electorales. Desde dicha fecha España ha pasado por momentos cruciales para su economía y seguridad, pero solamente se consultó al Pueblo la cuestión de su ingreso en la OTAN (1982). Numerosos grupos musicales post-punk nos quisieron abrir los ojos en el manejo de los políticos, pero ni caso, todo el resto de cuestiones importantes, cada gobierno de turno, tomó las decisiones por todos los españoles, censurando las opiniones contrarias. Si eso no es una Dictadura o un “Estado Totalitario”, se debería revisar los conceptos básicos y el sentido común. Los españoles, tras 40 años de Democracia, ya somos mayorcitos para caminar solos, podemos prescindir de la charlatanería, y llamar a las cosas por su nombre. No necesitamos de “maestros” (“masters”) para distinguir unas prioridades de otras. Deben hablar las urnas y no los charlatanes. Si se cuestiona la figura del Rey, elecciones, si se quiere subir el IVA, elecciones, si se quiere imponer una Ley que nos atañe a todos, elecciones (para evitar los “decretazos” que sufrimos desde hace más de tres décadas), si algún territorio se quiere separar de España, elecciones (nacionales por supuesto, porque de dicho territorio existen residentes en otros y viceversa y la decisión debe ser de todos, esencia de la Democracia). Las urnas deben hablar. Parece que los políticos temen el mecanismo que los ensalza al poder, cuando es la solución inequívoca a todos los males. El Referéndum es la esencia de la Democracia y no se le debe temer.

César Metonio

 

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